Boletín N.° 045
27/10/2025

Durante el 4to Foro “Los Primeros 1000 Días”, organizado con la participación de más de 80 instituciones públicas y privadas, la directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), María Luisa Cruz, presentó una radiografía preocupante sobre el acceso al agua potable en Ecuador y planteó las acciones regulatorias que el país necesita para cerrar las brechas que afectan directamente la salud infantil.

“No se puede hablar de desarrollo si un niño, en cualquier rincón del país, no tiene agua o la tiene en condiciones no aptas. El agua segura no es un privilegio, es un derecho. Y detrás de ese derecho está el Estado para hacerlo cumplir”, enfatizó Cruz.

Según los datos expuestos por la ARCA: 22,4% de la población ecuatoriana (3,8 millones de personas) no tiene acceso al agua en sus hogares; 58,9% carece de alcantarillado, es decir, 7,1 millones de ecuatorianos; 28,3% consume agua en condiciones no aptas, lo que equivale a 4,8 millones de habitantes, el doble de la población de Quito.

Estas cifras reflejan una correlación directa entre la calidad y cobertura del agua y los índices de Desnutrición Crónica Infantil (DCI), que alcanzan niveles críticos en provincias como Napo (77,4%), Guayas (79,4%), Esmeraldas (66,1%) y Morona Santiago (61,5%).

“Detrás de cada porcentaje hay una historia de desigualdad estructural, especialmente en la ruralidad, donde el acceso al agua puede ser hasta tres veces menor”, explicó Cruz, al tiempo que insistió en que la lucha contra la DCI debe incorporar la calidad del agua como un eje determinante de política pública.

La ARCA trabaja para transformar esta realidad a través de medidas estructurales y de control: 850 controles realizados durante 2025 a prestadores de servicios de agua potable; 20 gobiernos autónomos descentralizados (GADs) sancionados por incumplimientos, con más de $500.000 recaudados en multas; implementación de la Agenda Regulatoria de Protección del Agua 2026–2030, que establece seis normas enfocadas en calidad, cantidad, tarifas justas e infraestructura segura, así como la creación del primer catastro nacional de prestadores de servicios de agua y saneamiento, que permitirá contar con información actualizada para la toma de decisiones.

El cierre de la brecha de agua y saneamiento requiere una inversión estimada de 1.570 millones de dólares, equivalente al 1,29% del PIB nacional, pero sobre todo demanda coordinación, corresponsabilidad y visión de largo plazo.